Reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe
Bolivia fortalecerá su capacidad de prevención de desastres naturales con apoyo del BID
19 de junio de 2015

El proyecto permitirá establecer un sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, donde la prevención basada en un adecuado análisis de riesgos se convierta en el elemento central de la política pública.

Tomado de la Web del BID

Washington, 19 de junio de 2015.- Bolivia mejorará la gobernabilidad y capacidad financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres con un préstamo por US$142.5 millones aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Bolivia es uno de los países más vulnerable a desastres naturales en la región andina. Entre 2013 y 2014 las inundaciones causaron más de 400.000 afectados y daños estimados en 1,3 por ciento del PIB. Durante el período 1970-2012 Bolivia sufrió más de cuatro mil desastres que causaron 2.357 muertes y dejaron por encima de 2 millones de personas damnificadas.

Y no es sólo el impacto de estas pérdidas económicas sobre la población más vulnerable. Cuando suceden, el gobierno se ve obligado a reorientar recursos de inversión pública para atender las emergencias. Esto aumenta la brecha de acceso a la infraestructura entre la población de altos y bajos recursos, limitando el acceso a servicios básicos y creando más cuellos de botella en los mercados e incrementando los costos transaccionales.

El cambio intensivo en el uso de la tierra, especialmente relacionado con el crecimiento urbano acelerado, el desarrollo de infraestructura en zonas de riesgo y la degradación ambiental de cuencas hidrográficas están contribuyendo a una situación de creciente exposición física y vulnerabilidad de la población más pobre, que suele vivir en asentamientos informales ubicados en áreas expuestas a eventos naturales tales como deslizamientos e inundaciones.

El proyecto permitirá establecer un sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, donde la prevención basada en un adecuado análisis de riesgos se convierta en el elemento central de la política pública. La idea es que el país cuente con una estructura institucional con responsabilidades claramente delimitadas para los diferentes niveles de gobierno y ministerios, y con recursos financieros preestablecidos para la prevención y la atención de emergencias, a través de la aprobación del reglamento de la Ley N° 602 de Gestión de Riesgos, y de otros instrumentos normativos y de planificación afines.

Esta es la primera de dos operaciones de un programa de créditos programáticos basados en políticas. Estos préstamos proporcionan recursos a los gobiernos para financiar programas prioritarios y sus desembolsos se realizan luego de lograrse metas convenidas entre el BID y el país prestatario.

El préstamo consiste en US$114 millones provenientes del Capital Ordinario con un periodo de gracia de 6 años y US$28.5 millones del Fondo de Operaciones Especiales con un periodo de gracia por 40 años.